Cobro de deudas en Inglaterra

El cobro de deudas en Inglaterra es un proceso ágil y eficaz, pero a veces, debido a la diversidad del sistema jurídico y de las herramientas disponibles, un cliente extranjero con una deuda con una empresa o persona inglesa se enfrenta a dificultades difíciles de superar sin la ayuda de un abogado registrado y que ejerza en Inglaterra, que pueda explicar las opciones disponibles y asesorar y guiar al cliente en las distintas fases del procedimiento.

Lo primero que solemos aconsejar a nuestros clientes es que intenten ponerse en contacto de manera informal con el deudor para obtener toda la información posible sobre su voluntad y/o capacidad de satisfacer la deuda.

Desgraciadamente, esta actividad preliminar no siempre conduce a resultados concretos y, en tales circunstancias, es obligatorio el envío de una carta de emplazamiento (letter before action) por parte de un bufete de abogados, con el fin de formalizar la reclamación de crédito y garantizar al cliente la posibilidad de actuar en las fases posteriores del procedimiento de recuperación de la deuda.

Además, otra actividad previa aconsejable es realizar una investigación del balance del deudor para controlar su estado de insolvencia y las posibilidades reales de cobro a la luz de la información disponible en los registros públicos.

Una vez realizados todos los análisis preliminares y enviada la mencionada carta de intervención, en el desafortunado caso de que la contraparte ni siquiera responda a este recordatorio formal, suelen existir dos opciones, a saber, el inicio de un litigio o la notificación de una Statutory Demand.

En lo que respecta a los litigios, una vez presentado el formulario de reclamación (Claim Form) ante el tribunal y notificado al demandado (Defendant), éste dispone de un plazo de catorce días para comparecer ante el tribunal y posiblemente admitir o impugnar la deuda reclamada. En caso de litigio, se concede un nuevo plazo de catorce días para la presentación de una respuesta (Defence). Sin embargo, esta declaración debe basarse en pruebas concretas y, en su defecto, el demandante (Claimant) tiene la posibilidad de presentar una solicitud de emisión de una sentencia directamente ejecutiva (Judgement in Default) por la cantidad reclamada más los intereses y las costas judiciales. Una vez obtenida la sentencia, puede comenzar la ejecución y/o el demandado puede declararse en quiebra.

En cambio, la llamada Demanda Legal (Statutory Demand) tiene la ventaja de poder dar lugar a la presentación de la solicitud de quiebra sin tener que esperar al resultado del litigio. De hecho, si el deudor no se opone en el plazo de veintiún días a partir de la notificación de esta reclamación, ello da derecho automáticamente a presentar la solicitud de quiebra del deudor (Winding Up Petition, en el caso de las empresas, y Bankruptcy Petition, en el caso de las personas físicas). Por otra parte, si el deudor se opone a la petición dentro del plazo mencionado de veintiún días, se programa una audiencia judicial cuyo resultado puede ser incierto y puede tener consecuencias adversas desde el punto de vista de las costas judiciales que pueden cobrarse a la parte perdedora.

Por lo tanto, en general, el litigio es aconsejable si existe la esperanza de recuperar el crédito. En estos casos, de hecho, la acción judicial se utiliza como instrumento para presionar a la otra parte que, para no ver inscrita una sentencia condenatoria en su contra en el registro que lleva el secretario de los tribunales ingleses, podría verse animada a pagar o, al menos, a intentar negociar una solución del litigio. Tanto es así que la inscripción de dicha sentencia en el citado registro, si no se anula en el plazo de un mes desde el día de la inscripción mediante la satisfacción de lo reconocido en la sentencia, permanece inscrita durante cinco años (aunque eventualmente se pague con posterioridad).  Se trata, de hecho, de una de las principales comprobaciones que realiza cualquier entidad de crédito o agencia de recuperación de información comercial antes de tomar decisiones sobre el desembolso de cualquier préstamo y línea de crédito tanto a empresas como a particulares. 

Por otro lado, la solicitud de quiebra a través de la Statutory Demand, aunque ciertamente es una herramienta más ágil, podría conllevar mayores riesgos en caso de que dicha solicitud encuentre oposición por parte de la contraparte. En este caso, de hecho, como se ha mencionado anteriormente, si la otra parte demuestra que puede satisfacer las reclamaciones del acreedor, podría exigir que los costes legales en los que haya incurrido para oponerse a estas reclamaciones sean reembolsados por el acreedor.

En última instancia, si se enfrenta a un asunto de cobro de deudas en Inglaterra, siempre es aconsejable que se ponga en contacto con un abogado que esté registrado y ejerza en Inglaterra y que, preferiblemente, tenga conocimientos de ambos sistemas jurídicos. Esto le permitirá hacer un análisis minucioso de su caso, para ser debidamente asesorado e informado sobre las posibles vías y el curso del litigio con el fin de conseguir el mejor resultado al menor coste.

Estamos disponibles para discutir sus necesidades de cobro de deudas en el Reino Unido, ya que tenemos muchos años de experiencia en esta área y hemos trabajado con éxito con muchas empresas extranjeras.