El litigio civil puede ser un negocio largo y costoso. En algunos países los procedimientos judiciales pueden tardar años en llegar a una conclusión, mientras que en otros puede ser más veloz, pero su coste puede llegar a ser desorbitado.
El procedimiento civil inglés pertenece al segundo tipo de los sistemas. Por lo tanto, es esencial para cualquier posible cliente tener una idea clara de cómo el caso judicial se desarrollará, y de las varias opciones posibles de las que dispone.
Fase 1: antes del inicio de procedimientos
Con cada nuevo cliente es vital identificar los objetivos de éste y cómo pueden ser logrados. El primer paso que se debe tomar es llevar a cabo un cuidadoso análisis del caso, y recopilar todas las pruebas posibles para aconsejar adecuadamente al cliente sobre sus perspectivas de éxito. Además, hay que identificar y localizar a los posibles acusados, y debe tomarse en consideración si vale la pena seguir a cada uno de ellos.
El cliente ha de ser informado desde el principio cómo se calculan y se pagan sus costes legales. A este respecto, el cliente dispone de varias opciones (como acuerdos de honorarios condicionales, seguro a posteriori y seguros de gastos jurídicos), y cada uno de ellos deben ser comentados y hablados con el cliente.
Otro aspecto importante es el hecho de que, de acuerdo con los objetivos primordiales de las Normas de Procedimiento Civil, el litigio debe ser el último recurso. Un abogado siempre ha de tomar en consideración con el cliente qué otra forma de resolución alternativa sería adecuada. Por lo que un cliente siempre debe recibir una evaluación franca y completa del mérito de su demanda.
Una vez evaluados los acuerdos de financiación y el mérito de la reclamación del cliente, los pasos que deben dar las partes antes de iniciar el procedimiento se rigen por los llamados protocolos y conductas previas a la acción. En la práctica, las partes deben establecer qué cuestiones están en disputa, compartir información de la que dispone cada parte en relación con esos asuntos y tratar de resolverlos. El incumplimiento de seguir el protocolo o su espíritu sin justificación, suele acarrear una sanción para esa parte si se inicia un litigio.
Inmediatamente tras recopilar todas las pruebas para fundamentar una reclamación realista, y antes de abordar los asuntos de quantum en detalle, el posible demandante debe enviar al posible demandado una carta en la que se detalle la reclamación. Suficiente información ha de ser dado para que el posible demandado pueda comenzar investigaciones, y por lo menos pueda evaluar ampliamente la reclamación. Posteriormente, el posible demandado debe acusar recibo de la reclamación, y tras investigar el asunto, debe declarar si admite o no la responsabilidad.
Si niega responsabilidad, ha de ser justificada, y cuando se alega negligencia contributiva, el posible demandante debe responder a dicha alegación antes de iniciar el procedimiento.
Fase 2: inicio de la reclamación
Antes de iniciar un caso judicial, el cliente debe estar totalmente informado de lo que va a suponer. Eso conlleva más de las posibilidades de éxito y de los pros y contras del litigio. El cliente debe tener una idea clara de que ocurrirá a continuación, la posible duración y el probable coste. En concreto, el cliente debe apreciar que el tribunal impondrá un calendario estricto de pasos que deben dar.
El cliente debe manetener todos los documentos pertinentes, y tener claro cuales son los documentos perjudiciales para su reclamación que deben mostrarse a la parte contraria. De hecho, es un principio bien establecido que los litigios en Inglaterra y Gales se llevan a cabo “con las cartas boca arriba”, y las partes del procedimiento deben mostrarse mutuamente todos los documentos que estén bajo su control.
Además, hay que gestionar con cuidado las expectativas del cliente e informarle de que si quiere detener el litigio en cualquier momento, tendrá que pagar los costes de la parte contraria, a menos que se pueda negociar un acuerdo más favorable.
Los procedimientos se inician presentando en un tribunal nacional o en el Tribunal Superior de Justicia un formulario de reclamación cumplimentado. Para activar la demanda, ésta debe ser notificada al demandado. Los detalles completos de la demanda, denominados particulares, deben notificarse al demandado. Si el demandado desea impugnar la demanda, debe presentarse en el tribunal y notificar al otro demandante una defensa. Esto desencadena la asignación en el tribunal de distrito una “pista” particular.
De hecho, los asuntos por valor de hasta 10.000 libras suelen asignarse a la vía de escasa cuantía y se tramitan en los tribunales de condado. Estos asuntos se refieren a litigios de escasa cuantía, siguen un procedimiento simplificado y, por regla general, la parte ganadora no tiene derecho a recuperar sus costas judiciales de la otra parte si gana. Los asuntos de más de 10.000 £ y hasta 25.000 £ son tramitados por los Tribunales de Condado y asignados a la vía rápida. Los asuntos de entre 25.000 y 100.000 £ se tramitan normalmente en los Tribunales de Condado y se asignan a la vía intermedia. A diferencia de la vía de escasa cuantía, en estos casos el Tribunal ejerce un estricto control sobre las costas judiciales, que sólo son recuperables a tanto alzado con arreglo a un régimen de costas fijas dictado por las normas de enjuiciamiento civil, así como sobre el tipo y la cantidad de pruebas en que se basará cada parte. Los procedimientos especialmente complejos con un valor superior a 100.000 libras esterlinas se presentan ante el Tribunal Superior y se tramitan con arreglo a las normas de la vía múltiple.
Fase 3: asuntos interinos
Una vez en marcha, el tribunal gestiona el caso de forma delicada. Se darán instrucciones a las partes sobre los pasos que deben dar para preparer el juicio. Se impondrá un calendario estricto sobre el momento en que debe darse cada paso. En la vía de escasa cuantía y en la vía rápida se espera que estas instrucciones puedan darse sin necesidad de una vista judicial. En los casos de vía múltiple, es habitual que las partes se reúnan con el juez en la llamada conferencia de gestión del caso para definir claramente las cuestiones en litigio y determinar qué pasos deben darse y cuando, con el fin de preparar el juicio. Las indicaciones más comunes para la gestión del caso son:
- La divulgación estándar (es decir, las partes enumeran los documentos que poseen y en los que pretenden basarse, o que son adversos a su caso, o que apoyan el caso del oponente): y
- El intercambio de pruebas antes del juicio en las que las partes pretenden basarse (por ejempo, informes de expertos y declaraciones, conocidas como “declaraciones de testigos”, de testigos no expertos).
Cualquiera que sea la vía, las partes trabajarán en pos de una fecha conocida para el juicio, o al menos, de un periodo de tiempo en el futuro en el que se celebrará el juicio.
Además de las instrucciones para la gestión del caso, durante esa fase las partes pueden solicitar al tribunal cualquier orden específica que pueda ser necesaria (por ejemplo, para obligar a la parte contraria que no haya dado un paso requerido de acuerdo con el calendario a hacerlo con la posibilidad de que el tribunal rechace la demanda.
Fase 4: juicio
El juicio en la vía de escasa cuantía consiste en un procedimiento sencillo e informal y es dirigido por el juez con amplia discrecionalidad. En la vía rápida, la vía intermedia y la vía múltiple, las normas del tribunal imponen reglas más estrictas y formales en cuanto a la admisibilidad y valoración de las pruebas.
Al final de un asunto asignado a la vía rápida o a la vía intermedia, el juez suele resolver todas las cuestiones controvertidas, incluida la responsabilidad de las partes, la determinación de la cuantía y las costas judiciales reembolsables por la parte perdedora a la parte vencedora. En cambio, en la vía múltiple, las decisiones sobre las costas judiciales y su cuantía, conocidas como tasación sumaria de costas, pueden determinarse en una audiencia ad hoc. En dicha audiencia, las partes deben intercambiar entre sí y presentar al juez una nota detallada sobre los costes incurridos y un plan para su reparto. En su resolución, el juez decide qué parte debe pagar las costas judiciales: la regla general es que la parte perdedora sea condenada a pagarlas a la otra parte, pero también que la parte vencedora no pueda recuperar de la otra parte más de lo que ha gastado (principio de indemnidad). No obstante, el juez goza de un amplio poder discrecional para asignar las costas de forma diferente, teniendo en cuenta la conducta de las partes. Si no se sigue el procedimiento de tasación sumaria de costas judiciales y las partes no se ponen de acuerdo sobre el importe de las mismas, se determinarán en un procedimiento posterior denominado tasación detallada ante un juez diferente, conocido como juez de costas.
Fase 5: post-juicio
En todas las vías, una parte puede decidir recurrir total o parcialmente la decisión del juez de primera instancia. En un caso de vía múltiple, se llevará a cabo una evaluación detallada de los costes según la decisión del juez de primera instancia si las partes no se ponen de acuerdo sobre el importe.
La parte a la que se le concede la indemnización por daños y perjuicios y/o costes, esperará que se le pague en la fecha fijada por el tribunal. ¿Y si esto no ocurre? La parte tendrá que solicitar al tribunal la ejecución de la sentencia. Lo más habitual es que se ordene a los funcionarios del tribunal que acudan a los locales del deudor y se lleven sus pertinencias para venderlas en subasta pública. A continuación, se pagan las ganancias a la parte. Por lo tanto, es vital asegurarse de que en la fase 1 se tomen medidas para comprobar que realmente merece la pena demandar a cualquier posible demandado.
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